Es justo y necesario

Es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno.

5/25/2005

Objeci�n de conciencia

A prop�sito del llamado de algunos prelados espa�oles a ejercer la objeci�n de conciencia en el asunto de los matriomonios homosexuales se public� un interesante art�culo en catholic.net. Evidentemente no basta con estar en desacuerdo con la ley para dejar de cumplirla, tan pobre est�ndar ser�a intolerable para toda democracia. La pregunta es, en definitiva cu�ndo un desacuerdo con la ley habilita para ejercer leg�timamente la objeci�n de conciencia. Seg�n el art�culo, para el cat�lico, puede haber una objeci�n de conciencia, ya que sus convicciones le indican que

los matrimonios entre personas del mismo sexo [son] �una flagrante negaci�n de datos antropol�gicos fundamentales y una aut�ntica subversi�n de los principios morales m�s b�sicos del orden moral�.
Y al respecto anota:
para que una objeci�n de conciencia pueda considerarse digna de ser tomada en consideraci�n, es necesario que las convicciones que la apoyen provengan de �un sistema de pensamiento coherente y suficientemente org�nico y sincero�.
Seg�n esto, los cat�licos estar�an amparados por la objeci�n de conciencia y esto permitir�a diferenciar esta actitud de la mera desobediencia a la ley, en la que puede incurrir cualquier infractor o delincuente. Sin embargo, habr�a que ver hasta qu� punto este requisito de "sistema coherente y sincero" no es aplicable adem�s a las actividades terroristas o subversivas, que fundan su actuar precisamente en una especie de objeci�n general al sistema pol�tico, en el marco de un sistema de pensamiento alternativo y tambi�n sincero. Tal vez puede se�alarse que la objeci�n de conciencia siempre debe ser negativa, un negarse a hacer algo, en cambio la actividad terrorites siempre activa, es decir, realiza actos positivos en contra del "sistema". Tambi�n se�ala el art�culo que al parecer la objeci�n de conciencia, por su car�cter de derecho fundamental, permitir�a conservar el puesto p�blico que desempe�a el objetor, seg�n lo resuelto anteriormente por el tribunal constitucional espa�ol, que ampar� a un funcionario que se neg� a participar de una procesi�n religiosa en que participaba su unidad policial, y sin embargo no pudo ser despedido.